INTEGRACION

 

Sobre Evo Morales, Eike Batista y Om Prakash Jindal

 

José da Cruz

  

Esta es una historia de globalización, sus ecos, sus repiques y sus consecuencias. Trata de vetas minerales, capital y capitalistas, economía, política, empleos y recursos naturales. Los personajes aparecen en Bolivia, Brasil, la India y hasta en Uruguay.

Evo Morales es el presidente boliviano y no necesita presentación, pero sobre Om Prakash Jindal escuché hablar por primera vez recién hace algunas semanas. En busca de mayor información me enteré de que esta persona había muerto el año pasado, 2005, en un accidente de helicóptero. Tenía 75 años, era ministro de Energía del gobierno regional de Haryana en la India, ocupaba el lugar 548 en la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, practicaba equitación, viajaba mucho y gustaba de la agricultura. También era fundador y presidente del Jindal Group que comprende entre otras industrias un consorcio acerero gigantesco, Jindal Steel & Power, transnacional que comenzó, según su página oficial, como un taller de fabricación de baldes de hojalata. Tal vez muchos lectores lo conozcan, y los demás lo tendrán que conocer pues a partir de ahora estará instalado en América del Sur, más precisamente en El Mutún. También es bueno saber quién es Eike Batista, O Barâo da Energia.

El periódico cochabambino La Opinión del 18 de junio de 2006 indicaba que había culminado el proceso de la concesión de El Mutún. Considerado como el mayor yacimiento de hierro conocido, sus reservas probadas alcanzan a 170 millones de toneladas; las probables, a más de 40 000 millones. Fue concedido por 40 años y la explotación se inicia el año que viene, 2007. Jindal Steel & Power había ganado la concesión... Revisemos esta historia, mucho más compleja de lo que parece.

EBX en el Mutún

Hematita, magnetita, siderita y mineral de manganeso forman un área de 65 kilómetros cuadrados de colinas de entre 200 y 800 metros de altura, situada en el Oriente boliviano junto a Puerto Suárez y Puerto Quijarro y a 600 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. El Mutún es por lo tanto vecino del Brasil; del otro lado de la frontera el yacimiento se transforma en el macizo Urucúm. El mineral de mayor calidad está en la cima de los cerros y en depósitos subterráneos a 12 o 15 metros de la superficie y tales características dan para pensar que la explotación se hará a tajo abierto. Durante décadas el lugar no había despertado mayor interés hasta que algunos consorcios internacionales pusieron los ojos en estas, literalmente dicho, montañas de riqueza. Si los conquistadores coloniales hubieran buscado al Ferrado, y no al Dorado, podrían haberse dirigido a esta zona.

Quien sí se dirigió a este lugar fue el magnate brasileño Eike Batista, conocido como el Barón de la Energía. Desde 1983 es propietario de un grupo económico que incluye las empresas MPX en la energía, AMX en recursos hídricos y MMX en la siderurgia. En la región es el principal accionista de la Termo Pantanal para producir electricidad con gas boliviano barato en Corumbá y Puerto Suárez, y cubrir la demanda de la frontera y de la futura industria siderúrgica local. Los otros socios son la minera inglesa Río Tinto, la compañía estatal brasileña Vale do Rio Doce y la Belga Minera.

Aprovechando el régimen de zona franca, Batista fundó la firma EBX y comenzó la construcción de una planta procesadora de hierro en Puerto Suárez - Quijarro, sin contar con las correspondientes autorizaciones pero sí con el favor del neoliberalismo y la alianza de poderosos empresarios de la región. La idea del negocio era alzar cuatro altos hornos, traer mineral de Urucúm, refinarlo en Bolivia y transformarlo en acero en una planta que él mismo está construyendo en Corumbá, al otro lado del río, con dinero del Banco Mundial.

La historia de Eike Batista está salpicada de escándalos como el de Termo Ceará, una termoeléctrica contratada con el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso por la cual Petrobrás pagaba mensualmente todos los costos de inversión sin obtener ninguna renta. En julio de 2004, la empresa MPX había sido multada en 2 976 millones de reales –unos mil millones de dólares– por presentar informaciones falsas a la Agencia Nacional de Energia Eléctrica ANEEL, pero MPX logró retrasar el pago hasta febrero de 2006.

También durante 2004, Batista logró un acuerdo sobre abastecimiento de gas a sus industrias. Productores regionales de energía bolivianos se oponían a la venta de gas barato que favorecería a los competidores brasileños, pues el gas es una de las ventajas regionales para atraer inversiones. Según el consejo del refrán, “si no los puedes vencer, únete a ellos”, Batista integró a los bolivianos como accionistas a la Termo Pantanal. Esto abrió el camino para lograr el gas barato y el 30 de septiembre del 2005 en el tiempo récord de una semana se promulgó una ley que autorizó a esta empresa a recibir gas de exportación al precio subsidiado vigente para el consumo interno.

En diciembre del año pasado, cuando se iba a proceder a la apertura de propuestas, el gobierno de entonces suspendió la licitación del Mutún debido a irregularidades. Algunas favorecían a la empresa EBX pues adecuaban la licitación a la fabricación de arrabio (hierro reducido) con carbón vegetal, pese a que el Estado propugnaba el gas para las industrias. Eike Batista vio entonces que sus chances se esfumaban, y aceleró la construcción de los altos hornos sin autorización alguna. Estaba en alianza con los grupos empresariales que administran la zona franca y de maquila de Puerto Suárez, a quienes había arrendado 282 hectáreas a través de un contrato provisional.

Sin embargo, un alto horno necesita combustible y EBX usaría carbón vegetal. Las selvas del Oriente son todavía extensas y la madera seguramente barata, más aún cuando los cuatro altos hornos hubieran consumido nada menos que 450 000 toneladas anuales. Que la zona esté ubicada en pleno Pantanal y comprenda los parques nacionales de San Matías y Otuquis complicaba las cosas, más aún cuando Batista pretendía sustituir los bosques con plantaciones de eucaliptos en los bañados más extensos del mundo. La Dirección General de Desarrollo Forestal advirtió que este proyecto significaría la deforestación total en toda la provincia a un ritmo de 12 750 hectáreas por año; un periodista opinó que aceptar el avance del proyecto y de la depredación correspondiente significaría un suicidio ecológico.

No solo en este aspecto la empresa iba en contra de lo que defendían funcionarios del Estado boliviano, sino que había más problemas: el proceso de construcción, por el que se lograron alzar dos altos hornos y otras instalaciones antes de que se detuvieran las obras, era totalmente ilegal. En primer lugar EBX había violado el artículo 25 de la Constitución Política, que prohíbe a los extranjeros radicarse a menos de 50 kilómetros de la frontera; en segundo lugar la empresa comenzó sus instalaciones sin cumplir el requisito de contar con un contrato de riesgo compartido con capitales nacionales; tercero, recién después de iniciadas las obras se tramitaron los permisos ambientales.

Cuando Evo Morales llegó a la presidencia el nuevo gobierno decidió que se respetaran las reglas del juego. La defensa de la empresa fue cuidarse las espaldas alegando un joint venture con Zoframaq, la empresa concesionaria de la Zona Franca Industrial de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, pero tal acuerdo había sido firmado recién en marzo de 2006 y además tenía la curiosa característica de que EBX conservaba el 99% y Zoframaq el 1%. Así no vale...

Tampoco vale declarar, como hizo Eike Batista, que estaba dispuesto a pagar más impuestos para que lo autorizaran a quedarse. El ministro de Planificación, Carlos Villegas, mantuvo dos reuniones con representantes de EBX quienes habían presentado una carta reconociendo sus acciones irregulares y pidiendo un proceso de legalización, y la carta fue derivada a la justicia.

El pueblo unido y la llegada de los indios

A mediados de marzo de este año 2006, el Comité Cívico y las autoridades de Puerto Suárez-Quijarro se alinearon en la defensa de EBX: las obras daban trabajo a 900 personas y los socios bolivianos de la empresa eran conocidos dirigentes empresariales vinculados a los partidos liberales y al gobierno regional. Comenzó así un movimiento cívico en Puerto Suárez, ciudad de 15 000 habitantes sobre la laguna Cáceres que a su vez se conecta con el río Paraguay, al que se sumaron tres municipios vecinos.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, llegó al lugar y convocó a los alzados para explicarles las razones por las cuales no podía atender a sus demandas de autorización para EBX, que ya había talado 300 hectáreas de bosques para alimentar un horno, pero la situación desembocó nada menos que en el secuestro por varias horas de Villegas, del ministro de Minería Walter Villarroel y de la ministra de Producción Celinda Sosa. Fueron rescatados por la fuerza pública el 19 de abril. "Tuvimos que salir camuflados", dijo Villegas, y agregó que había sido imposible convencer a la gente de que era necesario prohibir las operaciones de la empresa.

El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera afirmó: "Podrán secuestrar a nuestros ministros, podrán insultarnos, nos pueden matar, pero no vamos a permitir que se siga maltratando, ultrajando y usufructuando de manera ilícita nuestros recursos naturales". Aseguró también que el Gobierno estaba decidido a acabar con los privilegios para las empresas transnacionales y los contratos millonarios obtenidos a través de prebendas a los gobernantes de turno.

Finalmente, el mismo 19 de abril las actividades de EBX en Bolivia fueron declaradas ilegales: Batista tenía que irse y decidió llevarse lo que pudiera de sus instalaciones y vender en 103 millones de dólares su participación en una mina boliviana de plata, Apex Silver Mines. También la justicia tendría que expedirse sobre las sospechas de que EBX había alentado el conflicto regional. La primera expulsión de un inversionista extranjero desde que Morales asumió la presidencia se anunció el 24 de abril; dos días después, la empresa de Batista quedó excluida del proceso de licitación del Mutún.

"No me quieren en Bolivia", argumentó el capitalista brasileño, y dijo que el país perdería 450 millones de dólares de inversión y 620 empleos, y que instalaría sus hornos en “Paraguay, Uruguay o Corumbá”. "Estoy pagando 500 años de trauma contra empresarios que explotaron el país ... y me convertí en un chivo expiatorio", declaró a la publicación brasileña Valor Económico. Uno de sus socios cruceños lamentó que se desperdiciara una oportunidad y sostuvo que los hornos se iban a alimentar con residuos agrícolas y árboles de plantaciones certificadas; también, que había 13 millones de plantines listos para forestar y no solo con eucaliptos, y que en un año la planta podría haber generado un ahorro de divisas de 60 millones de dólares y 280 millones más por exportaciones. Quedaba así pintado un panorama de desastre, y todo era culpa de Evo Morales.

Legisladores y columnistas brasileños se quejaron del “maltrato” a una firma de su país y de la amenaza a los intereses brasileños. En Corumbá se anunció un paro de un día en apoyo a los reclamos del otro lado de la frontera, ya que se perderían “miles de puestos de trabajo”. Acciones y declaraciones recuerdan a centenares de situaciones similares a lo largo y ancho del mundo.

El 28 de abril, el Comité Cívico de Puerto Suárez comenzó una huelga por tiempo indeterminado, a la que además del bloqueo de vías de comunicación en toda la provincia se sumó un cierre de comercios. Las autoridades de la ciudad pidieron públicamente a Batista que no desmantelase la planta en construcción mientras los movilizados reclamaban empleos de emergencia en la región si se cerraba EBX, según el modelo aplicado en tantos países latinoamericanos. El gobierno aclaró que tales empleos serían solamente soluciones temporales: la solución vendría con la adjudicación final de los recursos minerales del Mutún, pues los desocupados podrían trabajar en la empresa ganadora.

Santa Cruz de la Sierra anunció que el 4 de mayo se adheriría al paro. El vicepresidente García Linera denunció que detrás de las protestas aparecían diputados y senadores, funcionarios políticos de antiguos gobiernos que habían comprado tierras en la región y estarían involucrados en el negocio. Exhortó a los pobladores de Puerto Suárez a acompañar a Bolivia en la defensa de la soberanía frente al abuso de una empresa extranjera que había llegado al país pensando que estaba en el “viejo Oeste donde no había ley, Dios ni justicia".

Sin embargo el paro de mayo fue desarmado mediante negociaciones con el gobierno y la concesión de nombramientos de personal para la salud y la educación, una de las reivindicaciones exigidas. En Puerto Suárez hubo desinteligencias entre quienes protestaban e incluso riñas callejeras con lesionados, señales que indicaban un desgaste de los opositores. Morales presentó ante los industriales locales su decisión de retrasar la licitación para cambiar las bases, y aseguró que así se realizaría en mejores condiciones para el país. Los industriales protestaron por el imprescindible retraso.

Empero y pese a las apariencias en contra, no todas las fuerzas sociales de la región apoyaban la concesión: las autoridades departamentales de Santa Cruz, de la Prefectura y del Comité Cívico intentaron sabotearla afirmando que el gobierno de izquierda tenía compromisos de entregar El Mutún a Venezuela, nada menos, una actitud que llevó a que Evo Morales calificara los comentarios como dañinos para el país, además de falsos. La “confabulación cívica cruceña”, como dijo algún periódico, consistió en bloquear contactos y ocultar informaciones en vísperas de la fecha decisiva, cosa de que la licitación se declarara desierta, según explicaron el ministro Villegas y el de Hacienda, Luis Alberto Arce. Eso daría nuevas chances a EBX. Además, los empresarios pretendían que el Estado no tuviera participación alguna en la empresa que resultare de la concesión, y que todo quedara en manos exclusivamente privadas. Una comisión de cinco ministros convocó a una reunión en Santa Cruz el 29 de mayo, pero quedó esperando a los participantes de Puerto Suárez que no se presentaron pues las autoridades locales nunca les comunicaron la convocatoria.

En el entretiempo, esta comisión de cinco ministros había recibido una carta de la empresa Jindal Steel & Power con una propuesta de inversión y solicitando un plazo de 60 días para entregar estudios técnicos complementarios. En realidad, el consorcio indio no había calificado para la licitación, pero intervino el gobierno de la India y declaró su apoyo a la iniciativa a las autoridades. Se trataba de una inversión de 2 300 millones de dólares, y aparte quedaban incluidos en el paquete otros acuerdos comerciales. El presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera decidieron que había que negociar, lo que llevó “casi 72 horas a puerta cerrada", como relató el ministro Villegas.

Finalmente el 1 de junio el consorcio asiático resultó adjudicatario. En una sorprendente vuelta de carnero, el día sábado 3, en vez de prepararse para entrar en paro al día siguiente como lo habían anunciado, los dirigentes de la elite cruceña celebraron con una caravana de vehículos y bandas musicales el éxito del proceso licitatorio, atribuyéndose la victoria de haber culminado las negociaciones.

Los términos del acuerdo

Como informa un despacho de Bolpres, el 22 de septiembre de 2005 el Ministerio de Desarrollo Económico había convocado a una licitación pública nacional e internacional para la participación privada en la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de recursos minerales de las áreas Mutún I, Mutún II, San Miguel y San Tadeo, este último un yacimiento de caliza. En el área existen reservas calculadas de 10 mil millones de toneladas de manganeso y 40 mil millones de toneladas de hierro de una ley de alrededor de 51 por ciento y por lo tanto inferior al 61 por ciento de ley del yacimiento gemelo de Urucúm en suelo brasileño.

La licitación trataba del Proyecto Siderúrgico del Mutún, es decir, la construcción de las instalaciones necesarias para extraer e industrializar el hierro además de construir infraestructura de producción de energía basada en el gas nacional, y de transporte. Competían por El Mutún, entre otras empresas, la británico-holandesa Mittal Steel Group –la mayor del mundo en el ramo–, la brasileña EBX Siderúrgica Bolivia, el consorcio argentino Techint-Siderar, la chilena Luneng Shandong y la india Jindal Steel and Power.

Por otro lado, la licitación se reglamentaba según el Código Minero de 1997, del ex presidente y magnate minero Gonzalo Sánchez de Lozada, que concede amplios privilegios a los eventuales concesionarios y rebajó los porcentajes de regalías para el Estado de 35 a 1,5 por ciento. Bajo estas condiciones, el Estado hubiera entregado El Mutún según las mismas premisas que regían para el gas y el petróleo y hubiese retenido en total solo el 3 por ciento de los beneficios del hierro y casi nada de los de manganeso. Además, no hubiera tenido participación en la producción de acero.

La colusión entre intereses privados y las condiciones originales de la licitación eran evidentes, y finalmente se cambiaron los términos: la empresa que explotase el Mutún tendría que construir una planta siderúrgica y usar solo gas natural como fuente energética, además de no exportar materia prima sino acero. En cuanto a la infraestructura se preveía un ramal ferroviario hasta puerto Bush, para exportar el mineral por la hidrovía Paraná-Paraguay y los puertos del Atlántico.

Las nuevas bases rigieron para el acuerdo firmado en Santa Cruz y ratificado a mediados de junio en el Palacio Quemado de La Paz por Evo Morales, los ministros Villegas y Quintana, el embajador de la India Rielad Wariri y el presidente de Jindal, Madin Jindal. La explotación del Mutún dejará 200 millones de dólares al año al Estado y además la empresa y el gobierno indio prometieron invertir en una termoeléctrica y en la exportación de la hoja de coca. El ministro de Planificación, Carlos Villegas, explicó que Bolivia tendrá una participación en retribución, regalías e impuestos del 50 por ciento.

Las obras podrán comenzar una vez que se presenten los informes técnicos correspondientes en 60 días, es decir a mediados de agosto. Estarán a cargo de un directorio integrado por tres representantes de Jindal y dos de la Siderúrgica El Mutún, nueva empresa estatal boliviana, y esta composición reflejará la participación acordada de 60 y 40 por ciento. Durante los primeros 20 años, la asociación funcionará bajo la dirección de la empresa adjudicataria que quiere así asegurar su inversión, y en los siguientes 20 se invertirán los papeles. De todos modos los beneficios se repartirán a la mitad.

¿A dónde irá a parar el hierro del Mutún? En su mayor parte al mercado de los Estados Unidos. Jindal tiene allí varias empresas, entre ellas una fábrica de cañerías de gran diámetro en Texas, y anunció que se propone invertir más en América del Sur pues le permite fácil acceso al mercado norteamericano.

El Oriente boliviano y los océanos

En la introducción de este artículo mencionábamos que también en Uruguay repercute el proceso del Mutún, pues las cargas de mineral son pesadas y voluminosas y el mercado previsto se sitúa lejos de Bolivia. El medio idóneo de transporte para estas cargas es el marítimo, pero Bolivia es un país mediterráneo y su acceso a los océanos implica atravesar territorios ajenos. Esto puede hacerse de dos maneras: o bien por la hidrovía hacia el río de la Plata o bien por tren hasta algún puerto del océano Atlántico o del norte de Chile, sobre el Pacífico.

Si el mineral –sea hierro a granel o en piezas, manganeso o lo que fuere– se transporta en barcazas por la hidrovía hacia el sur puede ser reembarcado en buques oceánicos en el puerto argentino de Rosario sobre el Paraná o, al final del recorrido, en el puerto uruguayo de Nueva Palmira, al comienzo del río de la Plata. Cuando se hizo pública la concesión a Jindal, la cancillería uruguaya informó inmediatamente del interés del país en gestionar las operaciones de trasbordo. Sería un buen negocio para Uruguay, que desde hace años tiene un convenio portuario con Bolivia por el cual, entre otras ventajas, este país cuenta con un depósito de disposición libre en Nueva Palmira y puede manipular las mercaderías en tránsito según el estatus de puerto libre, es decir, sin pagar tarifas ni aranceles.

La otra posibilidad es relativamente favorable para cargas justo desde Puerto Suárez, pues es el nodo de conexión del llamado corredor bioceánico y la hidrovía. Por allí, las vías férreas que vienen desde Santa Cruz cruzan sobre el río hacia Corumbá en el Brasil y los convoyes ferroviarios pueden dirigirse desde Puerto Suárez a cualquiera de los dos océanos. Este corredor bioceánico tiene mucha importancia geopolítica. Desde hace años está prevista la construcción de una carretera de 600 kilómetros –practicable todo el año y no como la existente que no puede transitarse durante la estación de lluvias– para unir Santa Cruz con Puerto Suárez. Es una ruta intercontinental, un corredor de exportación para los productos regionales y que interesa también al comercio asiático pues permitiría por primera vez unir por camión Valparaíso con San Pablo, por ejemplo. Tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como sucesivos gobiernos bolivianos han dado prioridad a la obra.

Un “puente de servicios” entre los puertos del Atlántico y el Pacífico promovería la integración económica y comercial del Mercosur. Las agroindustrias brasileñas accederán por esa vía a los mercados del Asia y las compañías asiáticas penetrarán un mercado de 180 millones de personas. Es un proyecto grande y tendrá probables impactos ambientales en los ecosistemas de bosque subhúmedo de las serranías Chiquitanas, en el bosque deciduo del Chaco y en las sabanas del Pantanal. La carretera facilitará la ampliación de las tierras agrícolas y ganaderas, y aumentarán la colonización y la explotación maderera informal. A esto se suman los impactos de la hidrovía, de la explotación del Mutún, de los gasoductos y proyectos energéticos y petroquímicos en Puerto Suárez.

La mayoría de los pueblos indígenas y comunidades campesinas no cuentan con títulos de propiedad de sus tierras y la presencia de una carretera puede aumentar la especulación inmobiliaria, profundizar las disputas territoriales en la zona y obstaculizar las demandas de territorios indígenas. El desarrollo de un polo industrial y de transportes va a generar expectativas laborales entre la población y por lo tanto corrientes migratorias. En ese sentido, el impacto de los transportes fluviales sería menor y no requeriría de grandes adaptaciones infraestructurales, además de ser definitivamente más barato y menos contaminante.

De la fuerza del gobierno y la claridad de sus objetivos, así como de la eficiencia y probidad de los encargados de controlar el cumplimiento de la legislación y los acuerdos, va a depender el resultado de esta nueva etapa de desarrollo e integración regional. El capital inversor extranjero, que tanto dolor y desastre ha causado en nuestro continente, tendrá aquí una oportunidad más de demostrar sus intenciones. Esperemos que sean positivas y redunden en un mejor nivel de vida para los habitantes de la región, incluidos los uruguayos de Nueva Palmira.

 

Principales fuentes consultadas:

 

Adital, 21 de abril de 2006. http://www.adital.org.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=22173

Auto constitucional 305/2006-CA. Sucre, 21 de junio de 2006. Expediente: 2006-14052-29-RDN. Recurso directo de nulidad interpuesto por EBX Siderúrgica de Bolivia SA http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/resolucion14370.html

BBC, 25 de abril de 2006. http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4944000/4944172.stm

Bolpres, 19 de febrero de 2006. http://www.tinku.org/news_item.asp?NewsID=1007

El Nuevo Día http://www.la-razon.com/versiones/20060502_005529/nota_257_281896.htm

Fobomade, Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo, http://www.fobomade.org.bo

http://www.renacerbol.com.ar/ed109/noticias_de_bolivia11.htm

http://www.opinion.com.bo/PortalNota.html?CodNot=111203&CodSec=4

http://www.opinion.com.bo/PortalNota.html?CodNot=104564&CodSec=4

http://www.correodelsur.net/2006/0504/w_nacional5.shtml


José da Cruz es geógrafo y analista de información de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) y D3E (Desarrollo Economía Ecología Equidad - América Latina). Publicado el 18 de agosto de 2006. Se permite la reproducción siempre que se cite la fuente.

 

REGRESAR a GLOBALIZACION - REGRESAR a INTEGRACION