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EL DESAFIO DE LA HIPERMUNDIALIZACION
Zaki Laïdi
¿De
qué hablamos cuando hablamos de hipermundialización? De una carencia política
para pensar esta nueva edad humana. Asistimos, como argumenta Zaki Laïdi, a la
emergencia de una idea según la cual el concepto de ciudadanía política debe
perder valor y a la asimilación de la democracia a la defensa de los derechos
del hombre y de la propiedad y no a la construcción y al desarrollo de un
espacio público.
La
apertura de la Cumbre de Davos, una semana después del sonoro fracaso de
Seattle, nos ofrece la ocasión de reflexionar sobre el creciente malestar de la
mundialización, malestar que en este contexto llamaremos hipermundialización.
La hipermundialización no es el estadio supremo de la mundialización —un
estadio donde los Estados, las fronteras, los sistemas sociales o los sistemas
educativos, no tendrían ya más sentido a escala nacional—; estamos todavía
muy lejos de este escenario. De alguna manera, la hipermundialización es una
realidad más inquietante. Aparece como la representación amplificada de una
violenta desposesión que amenaza con privar a las sociedades políticas de eso
que Sloterdijk llama —muy justamente— "las prótesis
identitarias". La hipermundialización no sería entonces la expresión de
una mundialización demasiado intensa o demasiado rápida, sino más bien la
expresión de una carencia política para pensar esta nueva edad del hombre.
Porque
se trata de un imaginario social, la hipermundialización no es muy susceptible
de cuadrarse ante argumentos tecnocráticos o de series estadísticas. Subrayar
que los obstáculos al libre intercambio son todavía muy numerosos, para calmar
así los temores nacidos de la liberalización de esos mismos intercambios, no
es un argumento de vastas dimensiones. Colocar por delante el crecimiento del
gasto público, para combatir la idea de que el poder de los Estados se
debilita, no parece muy convincente. Entonces, ¿qué hacer?
Es
necesario, en principio —más allá de las generalidades y los buenos
sentimientos—, comprender los mecanismos de fondo puestos en juego por la
mundialización. Estos mecanismos son dos: la baja del poder adquisitivo de la
democracia representativa y la ausencia de un dispositivo capaz de ofrecer a los
Estados una "cerca" o "barrera" simbólica.
En
este punto nos hallamos confrontados a una gigantesca paradoja. A escala
mundial, la democracia se ha convertido —desde la caída del muro de Berlín—
en el valor dominante, un recurso político considerable cuya popularidad es
imposible negar. Pero, de manera simultánea, asistimos en todo el mundo —aun
en las sociedades donde la democracia se halla históricamente bien
establecida— a la emergencia de una idea según la cual el derecho al voto es
cada vez menos eficaz y el poder adquisitivo que confiere la ciudadanía política
se encuentra en proceso de debilitamiento. Esta evolución, extremadamente
inquietante, se deriva de varios factores ligados entre sí. El primero de ellos
resulta de un hecho concreto: delinear las ofertas políticas se vuelve cada vez
más problemático. Ya sea porque las ofertas locales no siempre son
susceptibles de validarse en la escala global, ya sea porque las ofertas políticas
globales no son necesariamente validadas en la escala local. Las propuestas
locales son pues susceptibles de una doble invalidación, lo que explica en
buena parte la inhibición de la clase política y su tendencia, en ocasiones, a
sobreestimar las obligaciones que enfrenta.
La
segunda razón la explica un fenómeno propio de las sociedades individualistas:
la democracia se asimila cada vez más a la defensa de los derechos del hombre y
de la propiedad y no a la construcción y al desarrollo de un espacio público.
Hablamos cada vez más de bienes y cada vez menos del Bien. Paradójicamente,
las ONG participan indirectamente en reforzar esta tendencia, nutriendo de
manera creciente la oposición entre espacio participativo y espacio
representativo. Lo que significaría decir que de cara a la importancia de los
gobernantes y a la omnipotencia de las multinacionales, más vale invertir
directamente en el espacio mundial que en el espacio nacional. La democracia
representativa nacional aparece entonces como un obstáculo para la democracia
participativa, un problema que se agudiza si se toma en cuenta que los Estados
son cada vez menos los representantes del interés colectivo. Aun elegidos, los
gobiernos representan —con una frecuencia que va en aumento— grupos de
intereses particulares.
En
Seattle, los estadounidenses se mostraron intransigentes, no porque defendían
los intereses de Estados Unidos, sino porque el señor Clinton deseaba enviar un
fuerte signo electoral a los sindicatos, que constituyen una de las clientelas
del Partido Demócrata. Del lado de Europa no es seguro que la legítima defensa
de "la multi-funcionalidad de la agricultura" no disfrace en realidad
el apoyo de ciertos políticos a los grandes productores de cereales.
En
esta dinámica de fragmentación del espacio público, los intereses económicos
privados están lejos de ser los menos activos, aun cuando con frecuencia se
muestren discretos. De hecho, las grandes multinacionales se interesan, antes
que nada, en la reducción masiva de las medidas de orden público susceptibles
de obstaculizar la penetración de los mercados. Para estas empresas, el respeto
a la democracia pasa sobre todo por la ampliación de los derechos de propiedad
y de las reglas que garanticen su protección. Correlativamente, se preocupan
menos en hacer valer sus normas como tales, que en ingeniárselas para que las
normas privadas se conviertan en normas públicas. De esta manera se esquiva el
debate esencial con respecto a la legitimidad de las normas que proponen. Hay
allí pues, una fuente no despreciable de erosión del espacio público. Más aún
cuando asistimos al desarrollo de políticas empresariales cuya estrategia
global se vuelve cada vez más rígida y centralista, justo en el momento en que
el desarrollo de la producción flexible conduce a descentralizar las
responsabilidades en el nivel de la empresa o del taller. Es la democracia
social —indiscutiblemente— quien paga los costos. Los trabajadores son
convocados a discutir en un nivel local, mientras las elecciones de la empresa
se efectúan en un nivel cada vez más global.
Todos
los desajustes tienen una consecuencia esencial: reducen el consenso sobre las
preferencias colectivas y favorecen las estrategias fuera de consenso. Para las
democracias, uno de los riesgos mayores a mediano plazo sería la erosión del
consenso fiscal. Esta erosión puede emanar de grupos de altos ingresos que se
estimen gravados en exceso. Pero puede igualmente provenir de las clases medias,
si éstas se dan cuenta de que los ingresos de los que podríamos llamar
"asalariados fijos" están proporcionalmente sobregravados en relación
a los detentadores de ingresos fácilmente transferibles o difícilmente
localizables. El desarrollo del comercio electrónico exacerbará de manera
considerable esta tensión y facilitará las secesiones fiscales disfrazadas de
reivindicaciones identitarias.
Es
un hecho que la democracia es cada vez más percibida como un espacio de
servicios cuya calidad evaluamos bajo la perspectiva de sus prestaciones
inmediatas e individualizadas. Es entonces un dispositivo como cualquier otro,
cuya desvitalización es aceptada y reconocida siempre y cuando no parezca
atentar contra los derechos del hombre, interpretados cada vez más en el
sentido de los derechos del individuo y no como los derechos del ciudadano.
De
la fragilidad se desprende un segundo mecanismo en juego: la "cerca"
simbólica de las sociedades. Habermas demostró muy bien que las sociedades
europeas, por ejemplo, conocen desde la Edad Media procesos de integración
funcional a través de los mercados y, por otro lado, procesos de integración
social fundados sobre identidades comunes y compartidas. Es de alguna manera el
Estado quien, en su calidad de Estado-nación, ha permitido esta síntesis. Hoy
no queda ninguna duda: la integración funcional como consecuencia de los
mercados mundiales no engendra ningún proceso de integración social
comparable. Allí está todo el problema, reforzado por el hecho de que el
desdibujamiento de las barreras comerciales no representa en realidad sino esa
porción que emerge a la superficie de procesos de desdibujamiento mucho más
importantes. Con la ayuda de la evolución tecnológica nos veremos confrontados
a transgresiones crecientes entre los sexos, entre el hombre y la máquina,
entre el hombre y el animal, que contribuyen a embrollar las fronteras
culturales y simbólicas. Sin embargo, si creemos en las palabras de Habermas,
toda comunidad política procede en tres tiempos: se abre al cambio, se
reorganiza frente al cambio, antes de cerrarse para marcar su diferencia.
Naturalmente,
hay cierres regresivos e inoperantes. Son aquellos promovidos por los
soberanistas. Pero la débil credibilidad de esta gestión no significa que
hayamos encontrado "cercas" simbólicas más dignas de crédito. Lo
que parece ya una experiencia adquirida, es saber que las instituciones
mundiales no podrán responder, por sí mismas, a la articulación de la
integración económica y social. Por un lado, porque esas instituciones
mundiales son globalmente poco democráticas y deberán democratizarse. Por el
otro, porque la entrada en espacios funcionales más vastos no pasa
necesariamente por la elaboración de "prótesis identitarias" del
mismo nivel. Es en este punto donde la mediación de tipo europeo se vuelve
vital, ya que sólo esta vía podría reconciliar la integración social y la
integración económica. Para lograrlo falta todavía que los europeos se doten
de una verdadera visión, que inicien un verdadero start up político. Está
permitido dudar de la viabilidad de esta opción, en el momento en que se
presenta ante nosotros el espectro de una "Europa a treinta".
Zaki Laïdi es investigador del CERI. Su última obra es Malaise dans la Mondialisation (Textuel, 1998). Traducción de María Teresa Priego. Se reproduce con fines informativos y educativos.