CIUDADANIA Y POLITICA

 

Derecho y etica ambiental y laboral en la era de la mundializacion

 

Francisco Iturraspe

  

"Probablemente la transformación cultural más importante para el logro de la sustentabilidad en el siglo XXI sea el surgimiento de un modelo de acción humana que armonice los aspectos éticos, económicos y ecológicos, centrándolos en una vocación de solidaridad comunitaria". Daly y Cobb, 1994

"El desarrollo de una ética ambiental puede ser deseable, pero difícilmente cambiará la naturaleza humana básica. En vez de intenciones, la correcta administración de los recursos depende de cómo buenas instituciones sociales controlan el interés personal a través de incentivos individuales". Anderson y Leal, 1991



I.   América Latina: mundialización y modelo de desarrollo vs. naturaleza

La relación del hombre con la naturaleza ha variado a través de la historia y de las diferentes culturas. Pero la sociedad humana, en casi todos los casos, se ha caracterizado por ser depredadora de otras especies y contaminadora compulsiva (Iturraspe, 1998).

La relación sociedad-naturaleza en muchas de las culturas americanas anteriores al "descubrimiento" estaba basada en un esquema armónico (Gligo y Morello, 1989), en el cual la identificación con la tierra era parte fundamental no solamente de su cosmovisión sino de una ética productiva que, lejos de considerar a la naturaleza como un "recurso" a "usar y abusar", era generalmente sacralizada.

Los metales preciosos y las tierras aptas para la producción de azúcar fueron los dos principales atractivos iniciales de los conquistadores y colonizadores del nuevo mundo. (Ferrer, 1996). Éstas y otras actividades extractivas y agrarias dejarían una huella indeleble en muchos ecosistemas.

La primera mundialización (posterior a los "descubrimientos") trajo consigo, como primera nota a considerar, la depredación de los "recursos naturales" y la ideología de la reducción de la naturaleza como "recurso" a explotar.

Pero esta depredación vino acompañada de la degradación de los "recursos humanos". La minería y las haciendas y plantaciones exigieron el sometimiento de las poblaciones originarias: los "recursos naturales" requerían de "recursos humanos". La reducción de los diferentes pueblos indígenas al trabajo requerido por el nuevo modelo productivo mercantil, fue una de las causas de la terrible catástrofe demográfica que sufrió el continente con la muerte de decenas de millones de seres humanos.

Pero la economía extractiva de la primera mundialización en América requería de creciente cantidad de mano de obra, por lo cual se produjo la incorporación de grandes masas de esclavos provenientes del Africa. La conquista y colonización de América introdujeron dos nuevas dimensiones en el tráfico esclavista: nunca antes se había traficado en escala semejante a la inaugurada con la incorporación del nuevo mundo al emergente orden mundial, por una parte, ni la esclavitud había estado asociada con la raza y a una factura profunda entre los niveles culturales de esclavistas y esclavizados, por otra parte.(Ferrer, 1996).

La segunda nota a considerar, vinculada a la anterior, es la degradación de los "recursos humanos" y la ideología de la reducción de los seres humanos a "recursos" a explotar que se pone de manifiesto con las discusiones teológicas sobre si los indios o los esclavos africanos tenían o no alma, y continúan hoy en día con la idea de que la fuerza de trabajo es una mercancía que debe ser simplemente regulada por el "mercado" de trabajo.

Frente a esta situación emergen respuestas de distinto género en todo el continente, desde las primeras insurrecciones indígenas y la rebeldía de los esclavos en las "cimarroneras" y "rochelas" hasta los enfrentamientos al colonialismo español y portugués, con las guerras de la independencia que darán lugar a la imposición del orden oligárquico y al neocolonialismo anglosajón.

La segunda mundialización, que viene de la mano de la primera revolución industrial, le permitió a nuestras jóvenes repúblicas oligárquicas incorporarse al mercado mundial como exportadoras de las materias primas que requería el proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos. Así se incorporaron al comercio mundial con las mercancías producidas en los enclaves y en las minas y llanuras feraces conquistadas a los indígenas y a los criollos mediante una desigual guerra de exterminio. Nuevamente se requirió de la inmigración que llegó de Europa, y en algunos casos de Asia, para levantar las cosechas, colaborar en la construcción de ferrocarriles, etc. Esta segunda etapa siguió los pasos de la primera: por una parte, la biodiversidad y la vida natural retroceden en la medida que avanza el "progreso", por la otra se establecen las ideas eurocentristas y racistas por las cuales nuestros pueblos son incapaces de desarrollarse sin el concurso de los capitales y la "civilización" europea (Sarmiento, 1845).

Las nuevas respuestas serán las luchas democráticas por la autonomía regional frente al centralismo y la imposición del orden neocolonial, y las organizaciones y luchas de los trabajadores de la ciudad y del campo que caracterizan las etapas iniciales del movimiento sindical latinoamericano en el siglo XIX y comienzos del XX. En esta fase de respuestas se inscriben la revolución mexicana y centroamericana, las rebeliones campesinas, la reforma universitaria y la construcción de organizaciones democráticas de contenido latinoamericanista.

Esta expansión del progreso exportador en América Latina y de la segunda mundialización tiene su crisis en 1930, época en la que se potencia un nuevo modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Este proceso da lugar al crecimiento del Estado, con un papel en la economía y en políticas sociales que logran expandir la educación, establecer sistemas de seguridad social y regímenes más democráticos de relaciones laborales con el apoyo a las organizaciones sindicales y el surgimiento de organizaciones políticas y sociales populares. Estos procesos sociales disímiles y en diversos tiempos según los países, intentan, por una parte, ponen fin al orden oligárquico, y por otra, enfrentar la creciente influencia de los Estados Unidos en la región, dentro de las limitaciones propias de nuestras sociedades.

El esquema de desarrollo "endógeno" da lugar -en especial en algunos de nuestros países- a una rápida urbanización, un importante incremento de la población, el intento de construcción de economías basadas en el mercado interno y en el proteccionismo que permite una industrialización muchas veces sin límites ecológicos. Estos factores determinan nuevos desequilibrios ambientales, la utilización de tierra agrícola sin una planificación de la ocupación del territorio, el aumento desproporcionado del tamaño de las ciudades con sus cinturones de miseria, la falta de planificación adecuada de la deposición de los desechos industriales y urbanos que convierten en cloacas a nuestros ríos, la llamada "revolución verde" que provoca graves problemas a la biodiversidad, la contaminación del aire, del mar y del suelo etc. El propio Estado industrializador es incapaz de poner coto a la acción depredadora, frente a la cual aparecen los primeros movimientos conservacionistas contra la contaminación y por el medio ambiente.

Este modelo de desarrollo comienza a entrar en crisis y es reemplazado por un nuevo esquema neoliberal que acompaña a una tercera mundialización que implica una fuerte expansión del comercio mundial, sobre todo entre los países desarrollados, una notable concentración del poder de los monopolios trasnacionales y una aguda dependencia financiera, una nueva y profunda revolución tecnológica, una ruptura de los espacios nacionales en el plano comunicacional, cultural, jurídico y político y la imposición de un modelo societal mundial que, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, aparece con la pretensión de "único".

La lógica del mercado se está profundizando en América Latina, desencadenando profundas transformaciones en sus matrices culturales y políticas. La mayor parte de los análisis de este proceso han enfocado aspectos macroeconómicos (como por ejemplo el déficit fiscal o la inflación, la privatización de empresas públicas y la reducción de las políticas sociales). Sin embargo, esta reorganización economicista tiene muchos otros efectos, en tanto expresa una forma de concebir a la sociedad y la naturaleza. Aunque en ningún país se mantiene un modelo neoliberal "puro", y mientras sus postulados están perdiendo fuerza, igualmente permanece un sesgo o estilo neoliberal sobre nuestras sociedades. Aunque se habla de justicia social y equidad, hay evidencias de la permanencia de una impronta que una y otra vez muestra la presencia del reduccionismo de mercado que plantea análogas formas de concebir las relaciones entre las personas y las relaciones con la naturaleza, existiendo un alarmante paralelo entre sus propuestas sociales y ecológicas. (Gudynas,1998)


II.  Crisis en la relación sociedad-naturaleza

La ideología del progreso indefinido y sus apoyos científico-positivistas (y los diversos credos políticos que surgieron bajos estas ideas) renovaron en América las promesas bíblicas que le ofrecieron al hombre "dominar la tierra" y ponerla a su servicio.

Las artes ensalzaron la conquista de la naturaleza, la conversión de los bosques en tierras de labranza, "el cultivo", el crecimiento de las ciudades, la "civilización". El colonialismo primero y el neocolonialismo después permitieron llevar ese progreso a todos los rincones del planeta y exterminar o "domesticar" a las culturas que tenían una relación menos agresiva con la naturaleza. La religión no se quedó atrás y ayudó con ímpetu misionero a imponer ese modelo.

El derecho, influenciado por esas ideas y por el auge del progreso económico, toma los conceptos jurídicos romanos, los codifica o los jurisprudencializa, para que la naturaleza y todos sus reinos (animales, vegetales y minerales) sean una res (cosa, objeto) y la relación del hombre-propietario con ellos, la plena in rem potestas, que facilita el ius utendi, et abutendi et fruendi. El sacrosanto derecho de propiedad permite abusar y degradar la naturaleza como eje de todo el sistema jurídico articulador de los intereses sociales hegemónicos.

Las propias ideas sociales contestatarias predominantes asumieron el papel de socialismo "científico" y la bandera de la superación del capitalismo porque frenaba el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Los escritos de los padres fundadores ensalzaban el papel de los ingleses en la India y la destrucción de los modos de producción perimidos por la obra del progreso. El positivismo divide a la sociedad entre las fuerzas "progresistas" y los "retrógrados" por oponerse al avance de las fuerzas productivas. Así como la cuestión social, provocada por las injusticias "internas" del sistema en las grandes metrópolis, dio lugar a la sociología, la conquista colonial hizo necesario el estudio de las "formas primitivas" por la antropología.

Las guerras coloniales y mundiales fueron un gran instrumento para la expansión del progreso y la tecnología y permitieron la difusión de la ideología de este modelo productivo y de relación sociedad-ambiente.

Durante todo el tiempo hubo voces disidentes y enfrentamiento al modelo de desarrollo, pero eran arrolladas por la marea creciente del progreso y los formidables aparatos ideológicos, jurídicos, culturales, científicos, religiosos, artísticos, económicos etc. de la modernidad. Al comienzo aparecieron unos individuos a veces exóticos, llamados conservacionistas, que intentaban combatir el mal por sus efectos y por ende solían ser totalmente funcionales al sistema.

Pero las señales de alarma se multiplicaron. La gente común, primero en el mundo desarrollado y después en todos los países, empezó a percibir con claridad los terribles estragos: los peces muertos en los ríos contaminados, la proliferación de las enfermedades ambientales, la polución atmosférica. Comienza a desarrollarse la idea de medio ambiente y surge la ecología que pone de manifiesto el tenebroso impacto sobre los ecosistemas de nuestra civilización.

Un informe del Club de Roma recopiló las profecías del desastre por parte de grupos de científicos altamente acreditados: nos queda carbón, petróleo, minerales para muy poco tiempo y el ritmo de utilización de esos "recursos" se intensifica vertiginosamente; la población aumenta en forma geométrica, la contaminación de los diversos ecosistemas es cada vez mayor; los bosques, pulmones de oxígeno, los océanos, grandes fuentes de alimentos, están en grave peligro.

Cuando en los años ochenta los cambios políticos en la ex Unión Soviética comenzaron a mostrar a través del Glasnost (transparencia) los efectos en la naturaleza del sistema imperante en los países hasta entonces denominados socialistas, el mundo no dejó de asombrarse. La destrucción ecológica era algo más que un subproducto del capitalismo occidental: forma parte de nuestros impulsos vitales, se alojaba en el tanatos de nuestro inconsciente colectivo, era inseparable de todas las manifestaciones culturales del mundo del progreso.

Muchos propusieron un cambio agresivo, otros formaron partidos para tratar de modificar el aparato del Estado y establecer reglas de juego, pero poco o nada realmente cambió fuera de los llamados países centrales en los que la conciencia de la población operó una modificación substancial de las conductas sociales sustantivas, aunque, en muchos casos, superficial.

Los trabajadores y sus organizaciones se vieron bien pronto frente a una feroz contradicción: las fábricas, los microclimas industriales, las vecindades urbanas, los campos de labor contaminados por los pesticidas eran su hábitat natural, pero la imposición de reglas estrictas en beneficio de su vida y su salud se encontraba frente al permanente chantaje de pérdida de los puestos de trabajo y el traslado de las fuentes de empleo a zonas o países permisivos, generándose el dumping ambiental o ecológico.

Los sindicatos, que históricamente fueron las primeras Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) preocupadas por temas del ambiente laboral (higiene ocupacional, fatiga y reducción de la jornada, etc.) en muchas ocasiones, por el dramático tema de la pérdida de puestos de trabajo y por una mentalidad fuertemente condicionada por el propio modelo de desarrollo, asumieron roles "conservadores" en materia de protección ambiental frente a las ONGs ecologistas, parte de los nuevos movimientos sociales.

La mundialización -o globalización como se la denomina en un anglicismo que muestra las hegemonías culturales del proceso- ha agravado en los últimos años la crisis ambiental y social debido a tres procesos paralelos e interconectados:

i) el predomino en todo el planeta de un modelo de desarrollo basado en la explotación irracional de los recursos naturales (y de los recursos humanos también) y en la generalización de un consumismo desbordado para muchos países y capas de su población, y contradictoriamente, de pobreza y marginalidad para sectores crecientes. Ambos polos de este desarrollo desigual tienen graves consecuencias ambientales. El consumismo, por una parte, transforma las relaciones entre las personas y el mercado profundiza su hegemonía social (Guattarí,1998). La cosificación de los seres humanos transforma desde su raíz las sociedades e implica un impresionante despilfarro de recursos. La publicidad y la oferta crean artificialmente la demanda de productos cada vez más sofisticados. Los automóviles y artefactos de todo tipo consumen una cantidad de energía impresionante creando una cultura de competitividad y despilfarro. Por otra parte, el incremento de la marginalidad y la pobreza también tienen repercusiones ecológicas preocupantes, como la tala de árboles y bosques para leña, prácticas contaminantes, la desaparición de especies y ecosistemas por la presión de la expansión demográfica.

ii) el crecimiento demográfico, la aparición de megalópolis, la invasión y destrucción incesante de ecosistemas enteros y de tierras cultivables. Cada 8.23 segundos se pierde una hectárea productiva.(IDRC)

iii) el desarrollo tecnológico desenfrenado que le ha permitido al hombre obtener energía del átomo (y crear armas infernalmente poderosas capaces de hacer volar el planeta en mil pedazos), materiales del gas y del petróleo, de los minerales, biotecnología, generalizar el transporte y las telecomunicaciones, lograr estándares de confort insospechados hasta hace muy pocos años - en general altamente consumidores de energía - y sobre todo acumular medios bélicos cuya utilización en una pequeñísima fracción ha traído consecuencias impresionantes, como las enfermedades degenerativas de soldados norteamericanos de la guerra del Golfo o la leucemia que padecen los soldados italianos que permanecieron en Kosovo, según la prensa internacional (El Mostrador, Santiago, 19 de diciembre de 2000).


III. Problemas sociales y ambientales desde el mercado: las deudas ambientales

La perspectiva neoliberal, además de ser un modelo económico, es también una visión amplia de la vida en sociedad. Postula al mercado como el escenario social perfecto. Su funcionamiento se basaría en la aceptación voluntaria de los individuos, a partir de sus intereses particulares, sin atender a los fines colectivos. Las interacciones sociales quedan reducidas a relaciones de mercado. El centro se pone en el individuo, y la sociedad deja de ser una categoría con características propias, reflejando en cambio un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo sus propios fines. Los derechos personales son reducidos a derechos del mercado, y la libertad es presentada negativamente, como ausencia de coerción, y en especial restringida a la libertad de comprar y vender. Es en el mercado donde se realiza la libertad personal. Para asegurar su correcto funcionamiento debe estar protegido de intervencionismos, y en especial, de los provenientes del Estado. Un breve vistazo a algunas medidas que se han tomado en los terrenos social y ecológico, servirán de ejemplo. Las políticas sociales -en particular los servicios de seguridad social- y la educación, así como las políticas ecológicas de conservación de la naturaleza, quedan subordinadas a criterios de mercado (Gudynas (1995, 1998) Coraggio (1993), de Sierra (1994), Stahl(1994) etc.

Según esta concepción, la mejor defensa del ambiente y la naturaleza es su privatización. Lo estatal, identificado con lo público, es como res nulius. No tiene dolientes, nadie lo defiende. Es necesaria una política que haga privado el aire, el agua, el mar. Ya en muchos de nuestros países esto ocurre y se han dividido el mar territorial a través del sistema de concesiones, por ejemplo. Igualmente ocurre con lo social. Algo eminentemente público y solidario como la seguridad social, es privatizada y sus fondos dependen del mercado y las prestaciones de los futuros jubilados y pensionados de su esfuerzo y capacidad individual.

Dice Gudynas en su trabajo que el ambientalismo neoliberal puede alcanzar posiciones ridículas. En su búsqueda obsesiva de optimizar los mercados se ha llegado al extremo de plantear que el principio de contaminador-pagador se aplicaría a aquellos afectados por la contaminación, quienes deberían pagar esos impuestos (y no el contaminador), de manera de inhibir a las personas de escoger lugares de residencia próximos a industrias contaminantes (Baumol y Oates, 1988).

Las empresas consideran los costos ambientales como "externalidades", parte de un pasivo indeseable, y los Estados que establecen reglas y las hacen cumplir son considerados enemigos de la competitividad y poco fiables para las inversiones.

Crece, por ende, un pasivo ambiental en varios aspectos:

i) Los efluentes industriales, las substancias contaminantes que muchas veces son subproducto de algunos procesos cuyas tecnologías fueron desarrolladas con absoluta prescindencia de los posibles impactos ambientales, como los desechos radiactivos de las plantas de generación de energía atómica, las plantas petroquímicas de cloro soda que desechan toneladas de mercurio al medio ambiente, la generación de energía por la quema de combustibles fósiles y su comprobada contribución a la lluvia ácida y al efecto invernadero etc.

ii) La utilización irracional de energía e insumos y un permanente "saqueo" de las materias primas compradas a precios manipulados en el mercado mundial, rebajados por lo que la CEPAL denominó el deterioro de los términos del intercambio.

iii) La contaminación de los lugares de trabajo y las vecindades industriales. Una encíclica ponía de manifiesto hace muchos años que la materia sale ennoblecida del taller y el hombre degradado. Miles de productos son utilizados por las industrias sin un estudio previo de su incidencia en la salud de los trabajadores (ni de los consumidores, ni de los habitantes de las vecindades). Cuando la presión pone en peligro las actividades contaminantes esos procesos son trasladados a otros países con menor o sin protección ambiental.

iv) La fabricación de productos innecesarios y contaminantes que generan su propio mercado merced a la manipulación consumista a que aludíamos y un esquema individualista exacerbado, como por ejemplo, la cultura del automóvil, altamente ineficiente y contaminante como medio de transporte o la fabricación de armamento cada vez más aterradoramente sofisticado.

v) La intensificación del comercio mundial aumenta la posibilidad de desastres provocados por el traslado de materias primas y productos manufacturados, derrames petroleros, escape de productos químicos, de desechos industriales etc.

vi) La desaparición de ecosistemas enteros o su degradación y la extinción de gran cantidad de especies, por la tala, las emisiones contaminantes etc., así como la pérdida de la biodiversidad.

vii) Los gravísimos cambios climáticos en los cuales parece tener una responsabilidad muy grande los desequilibrios provocados por la continua expansión de la tecnoesfera y una de cuyas expresiones más difundidas es el agujero de la capa de ozono que producen los derivados del carbono que se combinan con esa forma alotrópica de oxígeno y priva a la atmósfera de la defensa natural contra los rayos solares dañinos para la vida humana, vegetal y animal.

viii) El uso de herbicidas, pesticidas, alimentos para animales, métodos agrarios altamente peligrosos para la salud de los trabajadores rurales y los consumidores.

ix) La propagación de enfermedades ocasionadas o agravadas por los problemas ambientales, que constituyen un grave peso para la salud pública de nuestros países.

Esta situación produce una grave y múltiple agresión que sufren la naturaleza y los propios seres humanos: como productores, en un ambiente agresivo, insalubre y contaminado; como consumidores, objeto de manipulación y graves peligros por el uso de diferentes substancias no catalogadas pero muy probablemente dañinas; como pobladores de las altamente marginalizadas ciudades, producto del proceso de "calcutización" de nuestras metrópolis; como desempleados, por la incorporación de la robótica y demás tecnologías desplazadoras de mano de obra, y como subempleado o trabajador precario, por las nuevas formas de contratación "flexibilizadas"; como ciudadano de un país y como habitante de un planeta amenazado por la destrucción de los ecosistemas y como padres de las nuevas generaciones que recibirán problemas ambientales y ecológicos agravados por la irresponsabilidad de las generaciones anteriores.


IV. El papel del Estado, el derecho laboral y el derecho ambiental y sus limitaciones en América Latina y el Caribe

Sin menoscabar la importancia de los antecedentes de la temprana preocupación por el ambiente, por ejemplo de Simón Bolívar (los decretos conservacionistas de El Libertador), las primeras regulaciones ambientales las encontramos como parte de la protección de los microclimas industriales, tanto en el incipiente Derecho del Trabajo - en especial el referido al trabajo en las minas - como en las regulaciones de nivel municipal, local, que derivaban las competencias de ordenación edilicia, higiene y aspectos conexos. Pero bien pronto la magnitud del problema comienza a hacer insuficientes esas previsiones y aparecen normas específicas de derecho público.

El derecho laboral aporta tempranamente normas internacionales como la prohibición del uso de la cerusa en la pintura y normas nacionales de higiene y seguridad de las fábricas y otros lugares de trabajo. El derecho civil regula los daños producidos por prácticas depredadoras del ambiente dentro de los cánones tradicionales de la responsabilidad civil y surgen incluso normas penales.

Así como el derecho laboral es producto de los graves desequilibrios sociales producidos en la Revolución Industrial, el derecho ambiental nace como una reacción frente a la grave situación de los crecientes desequilibrios ecológicos, y tiene desde sus inicios una vocación internacional: es reconocido que, en general, los problemas ambientales afectan más allá de las fronteras nacionales.

La primera oleada de regulación tanto ambiental como laboral es claramente intervencionista: el Estado, por una parte, y por otra la comunidad internacional, asumen un papel fundamental.

Algunos países desarrollan importantes instituciones para el control ambiental y sanciones más severas para los contaminadores. A nivel internacional se crean importantes instituciones especializadas como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y se multiplican las conferencias mundiales que constituyen grandes hitos en el desarrollo de una conciencia ambiental como las de Estocolmo y Río de Janeiro. Aparece la idea de la tierra como hábitat de la humanidad: "una sola tierra".

Los organismos financieros internacionales condicionan su asistencia crediticia al cumplimiento de ciertas normas ambientales. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) adopta reglas especiales para evitar el dumping ecológico, y dentro del aspecto laboral, establece mecanismos específicos para vigilar las violaciones de los países contratantes de las normas relativas al ambiente y la higiene y seguridad laborales o medio ambiente de trabajo.

En esta segunda ola de regulación los sindicatos -siempre atrapados en este campo por la contradicción entre la defensa del empleo y la protección ambiental- utilizan una doble estrategia: por una parte intentan, a través de la negociación colectiva y otros mecanismos, establecer reglas que permitan mejorar las condiciones ambientales sin detrimento del empleo; y por otra, demandan al Estado reglamentaciones, compensaciones y subsidios para poder enfrentar el problema.

Paralelamente se amplía la conciencia ambiental en sectores cada vez más importantes de la población y comienzan a agruparse, a nivel nacional e internacional, ONGs con agendas cada vez más precisas. Las prácticas depredadoras y contaminadoras de las empresas y de los individuos comienzan a ser éticamente consideradas como "políticamente incorrectas" no solamente en los países desarrollados sino en importantes sectores de América Latina.

Los derechos ambientales -como derechos felicitarios (Tinoco, 1988), como derechos de tercera generación o derechos de solidaridad (Uribe Vargas, 1983)- comienzan a constitucionalizarse. Esta tendencia es tan notable que incluso constituciones como la chilena de la dictadura, que proponían fundar jurídicamente un orden neoconservador o neolibral, contienen normas importantes de derecho ambiental.

Es precisamente ese esquema político neoconservador o neoliberal que como parte de la (contra) revolución tatcheriana-reaganista comienza a erosionar al aparato jurídico institucional de defensa del ambiente en general y del ambiente de trabajo en particular. Los delitos ecológicos, sobre todo los cometidos con frío y calculador dolo y propósito de enriquecimiento desmedido por las grandes corporaciones industriales, extractivas, energéticas y de transporte son habitualmente delitos de cuello blanco que entran dentro del amplio campo de las ilegalidades privilegiadas (Acosta, 1988).

El poder del Estado se debilita frente a las empresas trasnacionales y al mercado. La posibilidad concreta no solamente de imponer sanciones sino de inspeccionar y controlar se vuelven en muchos casos ilusorias. Los organismos reguladores carecen de autonomía real y de estructuras técnicas frente al poder de los monopolios.

El poder de los sindicatos sufre en esta etapa un fuerte retroceso y con él la posibilidad de órganos independientes de control en el seno de las empresas y por ramas de producción. En muchos casos, nuevos actores sociales ambientalistas, vecinalistas etc. toman un lugar fundamental en la organización de la población para enfrentar los graves problemas ecológicos.

La reacción sindical no se hace esperar y el tema del ambiente aparece en la agenda de los congresos laborales internacionales y en la literatura teórica del sindicalismo. Esta preocupación, en general, no llega a la práctica sindical concreta en época de crisis del empleo, de reestructuración productiva y del aparato del Estado y de fuerte ofensiva antisindical. Por el contrario, la cotidianidad de la lucha laboral se torna fuertemente "defensiva" y "economicista".


V.  La tercera oleada de regulación y la tercera generación de derechos

Con el debilitamiento de los controles estatales y sindicales la responsabilidad empresarial aparece en primer plano y el propio Estado se despoja de sus facultades de control y adopta un nuevo modelo basado en la autoregulación (por las propias empresas) y de controles ex post facto que ocupan el lugar de la detallada regulación de la etapa anterior.

Dada la satanización del Estado y de lo público, en esta concepción son las propias empresas las que deberán cuidar del cumplimiento de la normativa sobre ambiente laboral y sobre protección ecológica. En compensación a este "desguace" del Estado se le otorgan a los trabajadores -en general como derecho individual, no colectivo- responsabilidades en el control. Pero las nuevas condiciones políticas y culturales -con la preeminencia de los criterios individualistas-consumistas y no solidarios- producen un agudo desequilibrio de fuerzas entre los actores de las relaciones de trabajo, lo cual hace aún más ilusorio este control incluso en los países desarrollados (Tucker, 1999).

En realidad, esto es parte de un esquema ideológico que rechaza las intromisiones del Estado o de cualquier otro agente en el mercado, porque serían ataques a la libertad personal. Según esta concepción, nadie posee toda la información como para planificar y manejar adecuadamente la marcha de la sociedad, en tanto el conocimiento está diseminado y fragmentado, y será en el mercado donde esas piezas de información se integren. En atención a ello niegan que el Estado o cualquier otra organización pueda planificar o encauzar la marcha de la sociedad, confiando entonces en un orden espontáneo que deriva de las relaciones en un mercado competitivo (Hayek, 1994).

Tanto para el Derecho de las condiciones y medio ambiente de trabajo como para el Derecho Ambiental (como conjuntos de normas jurídicas) se pretende - en esta tercera oleada de regulación - pasar a una simple ética de seguridad o ética ambiental (mediante normas no coercitivas).

En el caso de la gestión ambiental, tanto en el ambiente en general como en el medio ambiente de trabajo en particular, lo que busca la propuesta neoconservadora o neoliberal hegemónica es, por una parte, la externalización de los riesgos y por la otra, la privatización de los recursos naturales, en particular otorgando derechos de propiedad y patentes sobre variedades de plantas y animales, y transfiriendo la gestión ambiental a organismos por fuera del Estado y del control social. Gudynas (1998) nos trae el caso más extremo en nuestro continente que es la constitución del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica, bajo personería jurídica de asociación civil sin fines de lucro, pero a la que se le han cedido las potestades de la nación para la conservación y manejo de los recursos biológicos de ese país centroamericano.

El sesgo mercantil -nos dice Gudynas (2000)- avanza sobre todo en la cotidianidad. Allí se observa una avalancha de conceptos y términos mercantiles. Pero no menos relevante es el hecho de cómo esos cambios están pasando inadvertidos o son tomados con toda naturalidad. Hasta se llega a generar un "marketing ecológico" para atender a los ambientalistas

Este sesgo mercantil se nutre de una serie de preceptos que encarnan claramente la corriente neoliberal. Para ellos el mercado es el único medio para la asignación más eficiente de los recursos. Allí se genera un orden espontáneo, donde la competencia es el mecanismo básico de acción entre los individuos. De hecho, según Hayek (1968), son los individuos persiguiendo sus propios intereses y beneficios los que determinan la marcha de la sociedad.

Allí no hay lugar para la razón ni para una ética de solidaridad o altruismo. Hayek (1990) sostiene que "la competencia no es otra cosa que un ininterrumpido proceso de descubrimiento, presente en toda evolución, que nos lleva a responder inconscientemente a nuevas situaciones. Es la renovada competencia, y no el consenso, lo que aumenta cada vez más nuestra eficacia".

Esto explica varias de las posturas sostenidas en el campo de las políticas sociales. La fuente de los principios no está en el análisis ético sino en las relaciones de mercado. "En un verdadero sistema de libre empresa, los derechos de los individuos y su propiedad son sagrados y no pierden su valor debido a conceptos filosóficos, como el bien público, o el interés público o el bien común" (Block, 1992). En el mismo sentido, el ambientalismo del libre mercado reniega de discusiones éticas tales como las que consideran si los animales y plantas pueden ser sujeto de derechos, y en cambio afirma que esta postura va de la mano con la que privilegia el individualismo frente a las acciones colectivas, que consecuentemente se debilitan. Los seres humanos no tienen fines últimos compartidos. La minimización de la política y el Estado se reflejan en la propuesta de Hayek de un orden distinto a la democracia, y que llama demarquía. Para Hayek no puede existir algo como una justicia social porque el orden emergente del mercado es espontáneo y está basado en individuos que buscan su propio beneficio. (Gudynas, 2000).

De esta forma, la regulación se presenta como una "autolimitación" que se imponen las propias empresas que adoptan un "discurso" y un marketing ambiental: incluso es importante el mercado de los productos "no contaminantes" que basan su propaganda en que, por ejemplo, no contienen compuestos de flúor carbono que deterioran la capa de ozono, o automóviles supuestamente ecológicos que contaminan un poco menos porque tienen un convertidor catalítico.

Aun cuando en muchas empresas encontramos la adopción de estándares regulatorios provenientes de las casas matrices, es común escuchar denuncias que algunas de estas firmas se radican en países latinoamericanos buscando evadir las regulaciones ambientales y los mecanismos de control de los países de origen. En materia de las normas de medio ambiente del trabajo la situación suele ser similar.

En muchos países de América Latina la situación se torna aún más crítica con el proceso de privatización de la seguridad social, y con la adopción de esquemas de economía abierta que tratan de salir de la industrialización sustitutiva por medio de modelos de desarrollo exógeno que, en muchos casos, privilegian las exportaciones con ventajas comparativas de recursos naturales, con el consecuente deterioro de los mismos y del medio ambiente (Universidad de Chile, 2000).

Las exigencias de la "competitividad" para participar de un comercio internacional cada vez más influenciado por el dumping social y el dumping ambiental y para atraer capitales, hacen de las regulaciones ambientales y laborales -en el pensamiento de muchos de nuestros formadores de políticas- graves "obstáculos al desarrollo".

Pero es precisamente en los graves problemas que generan esas prácticas, como lo son la creciente polarización social e internacional y el evidente deterioro de los ecosistemas globales, donde surge una conciencia crítica que sustenta nuevos esquemas de regulación.

Estamos frente a dos aspectos positivos que puede traernos el actual proceso de mundialización: el surgimiento de un modelo de acción humana que armonice los aspectos éticos, económicos y ecológicos centrándose en una vocación de solidaridad comunitaria, y el creciente papel del derecho internacional y la ampliación de los derechos de la tercera generación.

Los derechos de tercera generación exigen de una acción de la comunidad internacional, ya que no puede haber desarrollo, ni protección del medio ambiente, ni paz, ni reconocimiento del patrimonio común de la humanidad, ni consiguientemente vigencia efectiva de esos derechos, sin una acción internacional que viene manifestándose en instrumentos como la Declaración de Estocolmo (Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano" de 1972), la Declaración de Río (Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992), el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la Materia, el Convenio de Basilea de 1989 sobre control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, así como las normas contenidas en los tratados de integración, de libre comercio y los tratados bilaterales.

En todos nuestros países son crecientes los intentos de aplicación de esta normativa internacional, así como la toma de conciencia paulatina de sectores sociales críticos cada vez más importantes que asumen lo que Guattari (1989) llamaba "luchas del deseo", y que exigen el cumplimiento de las normas y la adopción de políticas ambientales y sociales contrapuestas a los esquemas ideológicos hegemónicos (Anderson y Leal, 1991) y a la concentración del poder financiero, tecnológico y político (Chonchol, 2000).



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(*) Esta ponencia fue realizada sobre la base de un artículo del autor Ciudadanía Productiva, Responsabilidad Empresarial, Ambiente y Condiciones de Trabajo (1998) y del texto de Eduardo Gudynas Globalizacion, Politicas Sociales y Medio Ambiente, (1998) a los que se incorporaron valiosos aportes de Nicolo Giglio, Roberto Guimaraes, María Isabel Romaggi, Rayen Quiroga Martínez, Francisco Brzovic, Osvaldo Sunkel, Jacques Chonchol, Fernando Dougnac y de mis colegas del doctorado en el estudio de las sociedades latinoamericanas. Como suele decirse en estos casos, la responsabilidad por las opiniones y los posibles errores debe de atribuirse exclusivamente al autor.

 

F. Iturraspe es Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Los nuevos paradigmas de la Cooperación Internacional Edición Nº 64. CAPITULOS SELA, No 64, Enero - Abril 2002.

 

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